I
Continúa
siendo un desafío hasta para los expertos, o se hace en extremo difícil, sino
imposible, una delimitación exacta de la agresión, ataque, hostilidad,
violencia y destructividad, y sus contrapartes dialécticamente expresadas, como
son el alejamiento, defensa, paz, ternura y creatividad.
Es
un criterio común compartido entre especialistas, que esos elementos en su
interrelación dinámica tienen implicaciones ontológicas, antropológicos, sociológicas,
jurídicas, psicológicas y psiquiátricas.
Así
se presentan, como inseparables, en un contexto integrativo. La agresión es un
impulso innato del ser humano. Es la energía y la voluntad expresada en las más
diversas formas, individual y colectiva.
La
agresividad puede ser o no lesiva a otros. Es aprendida del entorno psicosocial
y modificada de forma sistemática por la experiencia. La hostilidad es la
agresividad orientada hacia otras personas.
De
manera que la hostilidad se expresa con el propósito consciente o no de generar
daño o dolor a los demás. Y la violencia es la expresión manifiesta, abierta,
brutal de la agresividad, que puede ser letal.
En
nuestro medio es cada vez más preocupante la violencia manifiesta,
desenfrenada, en términos individuales y colectivos, resultado de las
injusticias sociales, desigualdades económicas acumuladas.
La
violencia se genera por el empobrecimiento progresivo y aprendizaje socio y
psicopático, generado por una sociedad orientada
hacia su disolución, en la que juega un papel relevante la transculturación.
Frente
a esta realidad, las leyes e instrumentación de las mismas, en cuanto a la tenencia
y porte de las armas de fuego legal e ilegal en la población, ameritan una
valoración más integral y racional.
II
Desde
hace unos 25 años vengo insistiendo en que es indispensable una previa evaluación
mental y periódica que determine la sanidad a quienes se les otorguen permisos para
la tenencia y porte de armas de fuego, sean estos civiles, miembros de los institutos
armados o guardianes de compañías privadas.
No
es posible que los medios de comunicación y otros sectores nacionales clamen en
el desierto cuando demandan una actitud responsable de parte de los que otorgan
los permisos para armas de fuego.
Periódicos
y noticiarios nos traen con mortificante frecuencia hechos de violencia
cometidos con esos instrumentos de muerte, cuyos protagonistas son sujetos con una amplia variedad de trastornos psicológicos.
Suicidios
y homicidios con repercusiones profundamente traumáticas son reportados por las
crónicas rojas de los medios, que consternan de forma cotidiana a las familias
y a toda la sociedad dominicana.
El
CMD y la Sociedad Dominicana
de Psiquiatría vienen insistiendo en que los distintos poderes del Estado aúnen
esfuerzos para frenar los actos de violencia y de muerte, que se producen
empleando armas de fuego.
Esos
hechos violentos se repiten unos tras otros sin que el Ministerio de Interior y
Policía, el Congreso Nacional ni el Poder Judicial busquen la solución del
porte indiscriminado de estos artefactos mortíferos.
El
contrabando de armas de todos los calibres, venta, permisos oficiales, fabricación
artesanal, así como el alquiler de las mismas a delincuentes se han convertido
en un negocio muy lucrativo en el país.
Y por
todo ello, al compás de la crisis de esta sociedad, se multiplican los atracos,
suicidios, homicidios, asesinatos, sicarios, muertes por accidente, donde están
involucrados policías, militares y civiles.
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