martes, 22 de enero de 2013

Unas 2,600 denuncias abuso sexual al mes en la Procuraduría

Por JAVIER PEGUERO / Barrigaverde.net
   
SANTO DOMINGO.-Unas 2 mil 600 denuncias de abuso sexual a menores se reciben en esa dependencia todos los meses, lo que duplica las mil 400 querellas incoadas en ese mismo período en los últimos cuatro años.

Varios profesionales consultados expresan que el abuso sexual a menores provoca trastornos muy profundos a las víctimas, entre ellos depresión, angustia, miedo, inseguridad, insomnio y alteraciones patológicas en la formación de la personalidad de niños, niñas y adolescentes.

En conversación telefónica con el director de Barrigaverde.net, quien además es médico psiquiatra y coordinador de la Unidad de Salud Mental del Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral de San Juan de la Maguana, sostuvo que los depredadores sexuales de menores por lo general están en el entorno familiar o en la vecindad y que tratan de ocultar los hechos amenazando o aplicando castigos físicos a las víctimas.

Cuenta que hace alrededor de un año, una adolescente de 13 años fue ingresada en esa institución de salud aquejada de dolores pélvicos y fiebre que no mejoraban y al proceder a un examen ginecológico se determinó que la paciente había sido violada y presentaba además de desgarro del himen, gusanos en la vulva.

“Cuando el padre se enteró del hallazgo médico se llevó de inmediato a la niña y no pudieron ser localizados porque había dado nombres y direcciones falsas, por lo que se presume que el responsable de la violación es el padre”, indicó el doctor Mateo Pérez.

Las edades más frecuente entre menores violados oscila entre los 12 y 17 años, representando un porcentaje de 59.11 por ciento de los casos, seguidos por el grupo de seis a 11 años, que representan el 21 por ciento, los de 0 a cinco años, son el 9.8 por ciento.

A pesar de que una gran cantidad de casos de violaciones sexuales a menores son silenciados, la coordinadora de la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia de la Procuraduría, magistrada Raquel Mascaró, señala que la institución que representa puede mostrar logros debido a que las sentencias contra los depredadores sexuales ha aumentado en los últimos años.

Indica que los mayores obstáculos en el proceso judicial se establecen cuando quienes abusan sexualmente de menores son familiares, como es el caso de padres, abuelos, tíos u otros, o cuando se trata de familias pobres que se transan por dinero ofrecido por los ofensores de los niños, niñas y adolescentes.

Cuando la familia cede a las ofertas económicas o materiales de cualquier tipo, o a presiones de los victimarios instruyen a los menores para que varíen sus declaraciones y oculten con declaraciones dubitativas frente al interrogario de los representantes de la ley, casos que representan un 85 por ciento.

Otra causa es el miedo a exhibir la ofensa a los menores ante la sociedad, lo que avergüenza además a la familia y crea un estigma en la víctima, por lo que deciden dejar las cosas en la sombra y tratar de olvidar el asunto, mudándose del lugar o enviando al menor a vivir con otros familiares, para alejarlo del ambiendo donde fue violada o violado.

El doctor Anulfo Mateo Pérez explicó que las secuelas del abuso sexual a menores puede prolongarse hasta la adultez y que en muchos casos son causa de psicotraumas que pueden conducir a la depresión crónica y al suicidio, en otros casos daña las relaciones interpersonales y crear inestabilidad cuando ha alcanzado la mayoría de edad y ha dado el paso hacia el matrimonio y la conformación de una nueva familia.

La procuradora adjunta encargada del Departamento de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisol Tobal, indica que la Procuraduría hace muchos esfuerzos para disminuir el número de abusos sexuales. En ese sentido dice que han instalado la línea telefónica 700 donde reciben a diario un promedio de 94 quejas y que lo primero que hacen los profesionales que laboran allí es darle seguimiento a los casos, evaluando psicológicamente a los menores.

Informa la magistrado Tobal que las penas impuestas a quienes abusan sexualmente de menores oscilan entre 10 y 20 años de prisión.

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