Por Dr. ANULFO MATEO PÉREZ
Psiquiatra
I
El ser humano es un ente biopsicosocial, por lo que su equilibrio mental dependerá no sólo de factores biológicos, sino también psicológicos y económico-sociales, en otras palabras, de sus condiciones materiales de vida.
La violencia intrafamiliar, incluido el feminicidio, el abuso infantil en su vertiente de traumas físicos y psicológicos, en particular la pedofilia, es un fenómeno propio de la sociedad en que vivimos.
La población dominicana (infantes, adultos jóvenes y envejecientes), está expuesta a todo tipo de violencia. La violencia del Estado no es menos importante, porque impone la desigualdad social.
Esta condición emana de las distintas superestructuras del Estado, favorece a una minoría contra la mayoría, es decir, es un instrumento de dominación de clase.
Por esa causa, la proporción del presupuesto de salud en el Producto Interno Bruto (PIB) es de 6.0%. Sin embargo, en los hechos la proporción real es de 1.4%, una de las más bajas en la región.
Pese a la aprobación de la Ley 12-06, de Salud Mental, que debe garantizar los derechos y libertades fundamentales de las personas con trastornos mentales, constituye “letra muerta”.
El financiamiento estatal para preservar la salud mental es muy bajo, hablamos de menos del 1% (0.38%) de los egresos en atención de esos pacientes por parte del Ministerio de Salud.
Para que se tenga una idea objetiva, el costo de los medicamentos antipsicóticos representa el 12% del salario mínimo nacional y el de los antidepresivos el 10%. Apenas un 7% tiene libre acceso a psicotrópicos esenciales.
Esa realidad se expresa en un país que dispone de dos psiquiatras por cien mil habitantes y el 20 por ciento emigran a otros países, cinco años después de su especialización.
II
La ley número 12-06, la que violan olímpicamente el sector público y privado, contempla aspectos relacionados con el Sistema de Salud Mental. Esa Ley norma a favor del ciudadano el régimen de internamiento, cuidado asistencial y de rehabilitación. De igual manera, en el capítulo II del título IV, artículo 79, obliga a la atención primara en salud mental.
A ello deben ceñirse las instituciones prestadoras de servicios de Salud Pública y privadas, las cuales deben disponer de los recursos para garantizar la promoción de salud y la protección específica.
Cierto que en el mes de octubre de 2006 las autoridades estatales iniciaron un programa de suministro de medicamentos psicotrópicos esenciales a los pacientes mentales.
Me refiero a los que se benefician de las Clínicas para Pacientes de Larga Evolución (CLIPLE), establecidas en el Distrito Nacional y en algunas provincias del país.
La cobertura es sólo para pacientes con Esquizofrenia y Trastorno Bipolar, pero es insuficiente dada la demanda de tantos ciudadanos.
El Programa de Medicamentos Esenciales (PROMESE) vende algunos psicofármacos a los precios más bajo del mercado, pero debo recordar que las familias más pobres no pueden adquirirlos.
Por esa condición, muchos pacientes terminan desertando de las unidades de salud mental y del programa. Una buena parte de ellos no tiene ni siquiera transporte para llegar a los centros de atención.
Tengo bajo mi responsabilidad unos ocho mil pacientes con expedientes y sólo cerca de un 7% tiene acceso a los fármacos más importantes, y de forma irregular.
Entonces, estamos hablando de una gran tragedia. Y el Estado dominicano se ha limitado a aprobar una Ley de Salud Mental, para luego violarla consuetudinaria y flagrantemente.
III
La crisis estructural de la República Dominicana, genera en sí misma conmoción en la salud mental, porque empuja a las mayorías hacia condiciones de extrema pobreza.
La inequidad, exclusión e inseguridad, expresada en desempleo, insalubridad, desnutrición, hacinamiento medio-ambiental, analfabetismo y violencia, genera graves trastornos mentales.
Por las mismas causas, esa parte de la población que enferma por las condiciones miserables en que sobrevive, no tiene acceso a los servicios de salud.
En ese contexto debemos analizar la violencia intrafamiliar, prostitución y violación sexual en el menor y en la mujer, así como el microtráfico y consumo de estupefacientes.
Los estragos provocados por el cólera han venido a poner nuevamente sobre el tapete lo que significa vivir en un ambiente hostil, contaminado, de exclusión y discriminación y abandonado a su suerte por el Estado.
Y como siempre, esa situación viene a impactar a los más pobres, más vulnerables, a los mismos que vienen siendo presas de la insalubridad mental, por las carencias ya señaladas.
Los trastornos afectivos siguen representando el mayor porcentaje de los diagnósticos en el hospital psiquiátrico.
El 50% de los pacientes esquizofrénicos permanecen en sus comunidades y un número importante de ellos deambulan por las calles, sin asistencia psiquiátrica ni medicación.
Los sectores más sensibles frente a esta tragedia, generada por este sistema empobrecedor y exterminador, deben demandar sus derechos, eternamente proscritos.
Se podría comenzar demandando el cumplimiento de la ley 12-06, que sirve para empoderar a la población dominicana por una adecuada aplicación de un verdadero sistema de salud mental.
anulfomateo@gmail.com
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